La dirigente indígena hondureña Berta Cáceres fue asesinada la madrugada de hoy jueves en su residencia en la ciudad de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, en el oeste del país, informaron las autoridades.

Cáceres era coordinadora del Consejo de Organizaciones de Pueblos Indígenas de Honduras (Copinh), la mayor organización que agrupa a las tribus lencas. Los lencas son la principal etnia precolombina del país.

Cáceres se encontraba en su habitación cuando un grupo de sicarios derribaron la puerta de su vivienda a primera hora de la madrugada y le dispararon repetidamente. La dirigente, que ya había recibido amenazas de muerte de poderosos terratenientes locales y de compañías mineras o de energía, contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIHD).

El comisario Sergio Paz, jefe de la Policía de La Esperanza, explicó que debido a ello habían asignado dos agentes para garantizar su protección, pero aseguró que Cáceres cambió de domicilio y no registró la nueva residencia.

La dirigente indígena recibió en 2015 el premio Goldman en reconocimiento a su defensa de los derechos humanos de los indígenas. Su lucha en el Copinh se centraba en proteger los derechos de los pueblos lencas, para que no fuesen despojados de sus tierras por los terratenientes locales y las compañías.

Denunció la explotación minera en la zona, así como las operaciones de una compañía de energía hidroeléctrica, alegando que reducían el uso del agua para las comunidades indígenas.

El secretario general del Partido Libertad y Refundacion (LIBRE), Juan Barahona, también ha dado por “confirmada” la información en su cuenta de Twitter. “Asesinaron a la compañera Berta Cáceres esta noche en su casa”, ha lamentado en un mensaje. Cáceres compareció la semana pasada en rueda de prensa para denunciar el asesinato de varios dirigentes de su comunidad indígena, así como amenazas.

El pasado 20 de febrero Cáceres participó, junto a miembros del Copinh, en una protesta pacífica contra las actividades de construcción de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque, por lo que recibieron amenazas. Cinco días después participó en la defensa de otra comunidad lenca en el poblado de Guise, Intibucá, que fue desalojada violentamente de sus tierras.

Activistas sociales y de derechos humanos exigieron al gobierno hondureño una investigación, así como la identificación de los autores materiales e intelectuales de su asesinato.