Brasil, golpeado por el mayor escándalo de corrupción de su historia y una fuerte recesión económica, vivió ayer su primera huelga general en 20 años.

La paralización, que se hizo sentir en todo el país, aunque con diferentes niveles de adhesión, fue convocada por los sindicatos en contra de los planes de ajuste del presidente Michel Temer. El gobierno consideró que la huelga fue un "fracaso", y anunció que seguirá adelante con su plan de ajuste económico.

La huelga general abarcó al transporte público, los centros de enseñanza y parcialmente a los aeropuertos, y no faltaron los incidentes. La policía dispersó con gases lacrimógenos a activistas que bloqueaban calles en San Pablo, Río de Janeiro y otras ciudades.

La huelga tuvo mayor intensidad en San Pablo, el corazón financiero e industrial del país y también fortín de las mayores centrales obreras, que en su mayoría se han unido a la paralización. Las mayores centrales sindicales convocaron la huelga en contra de los proyectos de reforma del sistema de jubilaciones y de flexibilización de los contratos de trabajo. Ambas iniciativas están a estudio del Congreso como parte del programa del gobierno para enderezar las cuentas públicas y sacar a Brasil de la peor recesión de su historia. Según datos oficiales publicados ayer viernes, el desempleo en Brasil alcanzó un nuevo nivel récord de 13,7%, con 14,2 millones de personas en busca de trabajo.

Temer, que tiene un nivel de aprobación de apenas el 10%, siguió las protestas desde Brasilia.

A la huelga se sumaron algunos de los aliados del gobierno, como Paulo Pereira da Silva, presidente de la central Força Sindical y diputado de Solidariedade, partido de la base de Temer, que amenaza con pasar a la oposición si las reformas se aprueban sin modificaciones. También la Conferencia Nacional de Obispos (CNBB) se sumó a las críticas y apoyó las movilizaciones.