A veintiún horas de decretar el estado de emergencia para la capital, que restringe para los ciudadanos la libertad de traslado y de reunión por 15 días, el presidente, Sebastián Piñera, anunció desde La Moneda que suspenderá el alza de tarifas del subterráneo, con el objeto de descomprimir el estallido social que ha desbordado a las autoridades del Gobierno y a los políticos de todos los sectores. En paralelo, el Ejército determinó toque de queda, con lo que no se podrá circular en Santiago de Chile entre las diez de la noche y las siete de la mañana.
De acuerdo al jefe de la Defensa Nacional, general Javier Iturriaga, el toque de queda “establece que las personas deben estar en sus hogares y los que necesiten salir, deben pedir salvoconducto”. No se aplicaba en Chile desde 1987, los últimos años del régimen militar.
El reciente aumento del pasaje que desató las protestas fue de 800 a 830 pesos en horario punta (1,13 a 1,17 dólares), pero se trataba de la vigésima alza de los últimos 12 años. Cuando se inauguró el sistema de transporte público Transantiago en 2007 —actualmente rebautizado como Red Metropolitana de Movilidad— el precio era de 420 pesos (0,59 dólares). Aunque está subvencionado casi en la mitad, se trata de los más altos de la región, por encima del de Sao Paulo, Buenos Aires y Ciudad de México. Los sueldos no han ido de la mano con el aumento del precio de transporte ni de la vivienda, que subió en Santiago un 150% su valor en la última década.
Chile no ha acabado de resolver algunos de sus problemas estructurales. Existe consenso en que el sistema de pensiones requiere de una transformación profunda, porque son bajísimas respecto del nivel de vida que tienen los ciudadanos en su etapa activa. Ningún Gobierno en 30 años ha sido capaz de levantar la educación pública, destruida en la dictadura. Los medicamentos son significativamente caros, en relación no solo a la región, sino incluso a Europa. Un 70% de la población gana menos de 770 dólares mensualmente y 11 millones de chilenos tienen deudas. Los recientes escándalos de corrupción entre los Carabineros y el Ejército se suman a una larga lista de instituciones desprestigiadas frente a la sociedad, como el Ministerio Público, el Congreso, los partidos políticos y la Iglesia católica, donde el papa Francisco tuvo que hacer una limpieza histórica por los escándalos de abusos contra menores.