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Un tribunal de la Organización de las Nacones Unidas (ONU) sentenció ayer en rebeldía a Salim Ayyash, un presunto miembro del movimiento chiita Hezbolá, a cadena perpetua por su participación en el asesinato del ex primer ministro libanés Rafic Hariri en 2005.

El tribunal ordenó "imponer la máxima pena" a Salim Ayyash, declaró el juez David Re, del Tribunal Especial para el Líbano (TSL), radicado en Leidschendam (Holanda).

El TSL, creado para juzgar a los responsables de la muerte, ha fallado en ausencia del procesado porque Ayyash se encuentra prófugo. Según los jueces, jugó un papel esencial en el ataque con coche bomba que mató al mandatario político. “Los políticos deben ser derribados en las urnas en lugar de hacerlo en un ataque terrorista”, han dicho los magistrados.

Hariri fue primer ministro del Líbano antes de su dimisión en octubre de 2004 y murió en febrero de 2005, cuando un atacante suicida detonó una camioneta llena de 3.000 kilos explosivos al paso de su convoy blindado. El ataque causó 22 muertos y 226 heridos.

Ayyash se encuentra bajo protección de Hezbolá y Hasan Nasralá, secretario general de la organización chiíta, se niega a entregarlo al igual que a otros tres acusados que finalmente fueron absueltos.

El primer ministro de Líbano, Hassan Diab, anunció este lunes la dimisión de todo el gobierno en medio de la crisis provocada por la masiva explosión que devastó la capital del país la semana pasada.

El mandatario saliente habló de un establecimiento político corrupto al que acusó de haber obstaculizado su gobierno de forma incesante y señaló que la tragedia era "el resultado de una corrupción endémica".

La renuncia se produce en medio de una ola de protestas tras la explosión del pasado 4 de agosto en el puerto de Beirut que dejo al menos, 160 muertos y unos 6.000 heridos.

Se cree que la causa de la explosión, que además dejó en escombros sectores enteros de la capital libanesa, fue una gran concentración de nitrato de amonio almacenada sin las medidas de seguridad pertinentes.

El daño y la devastación causados por la explosión se extendieron por varios kilómetros de distancia, afectando a un tercio de la ciudad y dejando unas 300.000 personas sin hogar.

Antes de la masiva explosión en Beirut, Líbano acumulaba ya un año de desgracias que había sumido el país en una profunda crisis tanto económica como social, considerada como uno de sus peores momentos desde la larga guerra civil que duró de 1975 a 1990.

Continúan las protestas en el Líbano este sábado a causa de la escasez de servicios básicos y la corrupción gubernamental, por lo que piden la dimisión del Gobierno en jornadas de movilizaciones populares de proporciones inéditas en la nación árabe.
A través de las redes sociales se ha hecho un llamado a organizar para este domingo una cadena humana gigante que recorra la costa libanesa desde Trípoli hasta Tiro, con una extensión de unos 170 kilómetros, lo cual requerirá de unas 100.000 personas.
Los participantes de las protestas han bloqueado la principal carretera que une a la capital con el resto del país, y desde el inicio de las manifestaciones el pasado 17 de octubre, han manifestado las causas de protestas, como la falta de garantías sobre los servicios de agua, electricidad y atención médica gratuitas, a 30 años del fin de la guerra civil.
El principal objetivo de las protestas es que el Estado libanés, calificado como uno de los más corruptos del mundo, deje el poder de ese país. Esta es la décima jornada consecutiva de protestas en la nación árabe.
El detonador de estas manifestaciones fue la decisión del gobierno, a mediados de este mes, de imponer impuestos sobre la aplicación de mensajería WhatsApp, en un país donde los ingresos de la población son insuficientes. Esto se une a la preocupación por la incapacidad del gobierno para controlar los incendios que han asolado al país este octubre y afectado la discreta economía agrícola de la nación.
Por otro lado, los manifestantes denuncian, además, la presencia de simpatizantes del poderoso partido-milicia chií Hezbolá, que, según ellos, se han infiltrado entre los manifestantes intentando forzar enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y dispersar a los manifestantes.
La prensa local ha informado que de momento las negociaciones que apuntaban a una simple reorganización ministerial están paralizadas. Las fuerzas del ejército, que han sobrevivido al desprecio de la población hacia las instituciones gubernamentales, intentó disipar las barricadas, pero finalmente llegó a fraternizar con los manifestantes.