De acuerdo con lo solicitado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los plazos establecidos, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto con modificaciones a la Ley de Negociación Colectiva.
El organismo había estipulado que el documento se remitiera antes del 1 de noviembre. El subsecretario de Trabajo, Nelson Loustaunau, viajó a Suiza para presentarlo ante el Consejo de Administración de la OIT.

Tras la denuncia de cámaras empresariales, el gobierno se había comprometido a impulsar medidas legislativas antes del 1º de noviembre.

El Poder Ejecutivo señala que incluye "correctivos que han sido señalados por la OIT, manteniendo sustancialmente el sistema vigente".

Afirma que no modifica la posibilidad de que los actores sociales pacten sobre condiciones de trabajo.

El artículo 1 establece que, para intercambiar información en la negociación, los sindicatos deben tener personería jurídica.

El artículo 2 le quita al Consejo Superior Tripartito la competencia de pronunciarse sobre los niveles de negociación tripartita y bipartita.

El artículo 3 elimina la posibilidad de negociar por rama de actividad cuando no exista sindicato en una empresa.

El artículo 4 elimina lo que se denomina ultractividad: la prórroga de la vigencia de los convenios cuando el anterior venció y no se logra un nuevo acuerdo.

El artículo 5 elimina la homologación obligatoria de las resoluciones de Consejo de Salarios o negociación colectiva por parte del Poder Ejecutivo.